Prensa Chucara

Escrita el Domingo 16 de Febrero, 2020

La declaración como imputado colaborador de Alejandro Vandenbroele en el marco del caso Ciccone fue objeto de un nuevo pedido judicial. La fiscal federal Paloma Ochoa pidió que se investigue si hubo irregularidades detrás de la declaración, que terminó siendo una pieza fundamental del caso en el que fue condenado el ex vicepresidente, Amado Boudou.

La presentación se realizó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y fue a partir de una denuncia que hizo su par Ariel Lijo, quien llevó y lleva adelante el caso Ciccone, en el que actualmente es instruido el segundo tramo. La denuncia de Lijo se hizo poco después de una nota dada a conocer por el portal El Destape, en la que se aseguró: “El macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou”.

El artículo periodístico incluía documentación que acreditaba que el arrepentido había solicitado 1.500.000 pesos al Programa de Protección de Testigos –que depende del Ministerio de Justicia– para un emprendimiento productivo y que había recibido parte del dinero solicitado.

En su requerimiento de instrucción, Ochoa sostuvo que a su criterio corresponde que el hecho sea investigado por el propio Lijo, porque, precisamente, es en su juzgado donde tramita la causa en la cual Vandenbroele se acogió al régimen del arrepentido.

Ochoa consideró que los hechos relatados, que involucran el supuesto pago a Vandenbroele para direccionar su declaración, habrían sido con motivo de las medidas de protección especiales otorgadas a Vandenbroele luego de que este se acogiera al régimen de arrepentido por lo que se torna “imperativo declarar la conexidad”, explicaron fuentes del caso.

Para la fiscal, para poder investigar el caso corresponde acceder al legajo de imputado colaborador de Vandenbroele, algo que, de acuerdo al artículo 9 bis de la ley de Protección de Testigos, solo pueden hacer quienes intervengan en las causas judiciales en las que se dispuso la protección. “Los funcionarios y demás agentes de la Agencia Nacional de Protección de Testigos mantendrán bajo estricta reserva los legajos de los casos y solo tendrán obligación de brindar información a las autoridades que intervengan en los procesos judiciales en los que se dispuso la protección de las personas”, sostiene la normativa.

Con el planteo, ahora Martínez De Giorgi deberá decidir si hace lugar en cuanto a la conexidad de la causa con el expediente que tramita en el juzgado de Lijo y lo envía allí o si considera que debe investigarse por separado. Eventualmente podría decidir la Cámara de Casación.

Del requerimiento de instrucción se desprende que corresponde investigar si la declaración de Vandenbroele sirvió como plataforma de un hecho ilícito para que perjudicara con su declaración al ex vicepresidente Boudou.

El ex vicepresidente entre 2011 y 2015 fue condenado en agosto de 2018 a cinco años y diez meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros. El fallo se encuentra actualmente cuestionado por su defensa ante la Corte Suprema de Justicia.

El testimonio clave de ese juicio fue el de Vandenbroele, que intervino en la compra de Ciccone, quien aseguró que detrás de esa operación estuvo el ex vicepresidente a través de su socio Núñez Carmona.