Prensa Chucara

El hecho ocurrió en octubre de 1984 y los acusados son dos ex agentes de inteligencia que robaron documentos vinculados a la represión.

Un fiscal federal de Rosario solicitó el juicio oral para dos ex militares que fueron parte de la últimadictadurapor elroboen los Tribunales provinciales deexpedientesvinculados a la represión y la desaparición de personas en Rosario.El dato más relevante es que el pedido llega 37 años después, ya que el robo ocurrió durante la madrugada del 8 de octubre del lejano 1984.

La posibilidad de llevar a cabo un juicio a ex represores después de tanto tiempo obedece al hecho de que los delitos vinculados a la violación de derechos humanos y cometidos por los militares de la dictadura son considerados imprescriptibles.

El pedido de juicio oral incluye a los ex militares Luis Américo Muñoz y Héctor Fructuoso Funes, y fue formulado por el fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos en Rosario, Adolfo Raúl Villate.

Muñoz y Funes han sido procesados ??en 2019, 35 años después de la operación de inteligencia que ahora se les atribuye, consistente en planear y ejecutar el robo de expedientes vinculados a la investigación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la última dictadura ocurridas en Rosario .

El pedido de juicio oral incluye los ex militares Luis Américo Muñoz y Héctor Fructuoso Funes, y fue formulado por el fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos en Rosario, Adolfo Raúl Villate

En 1984, cuando ocurrió el robo de esos expedientes, Muñoz era el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y Funes era jefe de Inteligencia e integrante del Estado Mayor del Comando del II Cuerpo de Ejército, con asiento en la ciudad.

Muñoz vive actualmente en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y Funes en la ciudad de San Luis.

En el juicio, para el que la Justicia federal deberá fijar fecha, Villate acusará a Muñoz como autor de los delitos de privación ilegítima de libertad calificada, robo calificado, supresión de medios de prueba y supresión de documento público.

A Funes, en tanto, lo acusará de autor mediato de los delitos de privación ilegítima de libertad calificada, robo calificado, supresión de medios de prueba y supresión de documento público.

Villate considera a Muñoz y Funes responsables de una operación de inteligencia destinada a robar los expedientes judiciales abiertos a partir de denuncias radicadas por la Delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). Dicha operación se ejecutó alrededor de la 1.45 de la madrugada del 8 de octubre de 1984.

De acuerdo al escrito en el que pide la elevación a juicio, Villate considera responsable a Muñoz de haber amenazado de muerte con armas de fuego a la custodia policial del edificio de los Tribunales provinciales de Rosario, a cargo del sargento Demetrio Flores y el agente Juan José Aguirre, ambos de la policía santafesina, y de haberlos reducido para quitarles sus armas y cargadores. Luego ambos fueron maniatados y encerrados en la guardia policial del edificio, situación en la que permanecieron hasta las 5 de la mañana, cuando comenzaron a llegar sus relevos.

También responsabiliza a Muñoz de haber sustraído la casi totalidad del material secuestrado por la Justicia provincial en relación con las denuncias radicadas por la Conadep, que dieron lugar a la formación en el Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario, a cargo en aquel momento de Francisco Martínez Fermoselle, del expediente caratulado “Feced, Agustín y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad, Homicidios y otros”.

Villate considera a Muñoz y Funes responsables de una operación de inteligencia destinada a robar los expedientes judiciales abiertos a partir de denuncias radicadas por la Delegación Rosario de la Conadep, ejecutada a la 1.45 de la madrugada del 8 de octubre de 1984

Además lo acusa de haber sustraído esa los tres cuerpos del expediente, que estaban en el despacho del juez Martínez Fermoselle, luego de haber forzado las cerraduras de la puerta de ingreso al juzgado y la puerta de ingreso a la oficina del magistrado.

Para Villate, Muñoz fue entonces el ejecutor del robo de expedientes en los Tribunales provinciales.

A Funes, en tanto, el fiscal le atribuye en su carácter de jefe de Inteligencia (G2) e integrante del Estado Mayor del Comando del Cuerpo de Ejército II con sede en Rosario, con el grado de coronel, haber preparado los planes y órdenes para la reunión de información, procesamiento de dicha información para transformarla en inteligencia en forma personal o por intermedio del personal a sus órdenes y en cumplimiento de las mismas, haber intervenido en la adquisición de los “blancos” a ejecutar.

También, de haber suministrado toda esa información al general de División Víctor Pino Cano en su carácter de comandante y jefe del II Cuerpo de Ejército, y haber planeado y ejecutado por órdenes del propio Pino Cano, en coordinación con el Jefe de Operaciones (G3) del Comando y el Destacamento de Inteligencia 121, con gran despliegue de efectivos y medios, la Operación Especial de Inteligencia llevada adelante a la 1.45 del 8 de octubre de 1984.

Muñoz sería, por tanto, quien preparó y ordenó el robo.

Días antes del robo en los Tribunales, a pedido de la Delegación Rosario de la Conadep se habían practicado diversos allanamientos donde se había secuestrado prueba documental incriminatoria para personal militar y policial que había actuado en Rosario en la denominada "lucha contra la subversión", producto de lo cual se había iniciado una causa en el juzgado de Martínez Fermoselle para investigar los hechos denunciados.

La investigación del robo de los expedientes no prosperó por años, hasta que el fiscal Villate la reactivó.Ese nuevo impulso resultante que en 2019 el juez federal Carlos Vera Barros ordenara la detención de Muñoz, Funes y Pino Cano, quien murió en mayo de este año.Ahora el propio Villate acaba de pedir la elevación a juicio del proceso contra los dos primeros y el siguiente paso será que la Justicia federal decida la fecha del juicio oral y público.